Ayer se publicó la siguiente noticia:

Expediente al Ayuntamiento de Huesca por no tener al día los datos de un ciudadano

FUENTE: http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=214174

Los hechos que han dado origen a la apertura de este expediente, que podría ser el primero de estas características que se tramita contra el Ayuntamiento de Huesca, se remontan al 19 de enero de 2006. Ese día, el particular que ha presentado la denuncia y que prefiere guardar el anonimato, recibió una multa como titular de un coche que el 25 de octubre de 2005 estaba mal aparcado y del cual había sido propietario hasta el 6 de agosto de 2002, cuando lo vendió y transfirió como exige la ley.

El ciudadano recurrió la multa y, además, presentó ante el Ayuntamiento una reclamación solicitando la rectificación de sus datos personales contenidos en los ficheros de la Policía Local. No obtuvo contestación alguna. Pero en lugar de conformarse y considerar que contra la Administración poco o nada puede hacerse, recurrió a Fernando Salas, abogado especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos, y presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Dado que la administración está, de oficio, obligada a actualizar sus datos, comenzó la investigación para esclarecer los hechos denunciados y se pidió información al ayuntamiento. Según explicó el jefe de la Policía Local a la inspección de la agencia, el vehículo en cuestión fue propiedad del denunciante hasta agosto de 2002 y así figuraba en sus ficheros desde entonces. Pero como el siguiente propietario jamás (hasta el 25 de octubre de 2005) cometió una infracción no dio lugar al cambio de titularidad. Esta se actualizó al recibir el escrito del denunciante. Ahora, ya, quien figura en los ficheros de la Policía Local como propietario del coche es el mismo que está en la base de datos de Tráfico.

Ante los hechos y la posterior explicación del jefe de la Policía, la Agencia estima que el Ayuntamiento de Huesca ha podido incurrir en una infracción de la norma que señala que “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado”. La infracción está tipificada como grave.

El Ayuntamiento tiene quince días para presentar alegaciones y los servicios jurídicos trabajan en ello, según indicaron fuentes municipales. No obstante, parece probable que la agencia falle contra la Administración local. Al contrario que si fuera un empresa privada, donde las sanciones oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros, al ser una institución pública las consecuencias quedarán en una mera amonestación y en alguna línea del informe del Defensor del Pueblo.